El Pacto Verde de la Unión Europea y su impacto global en el camino hacia la transición ecológica

En el año 2019, la Unión Europea (UE) cimentó las bases sobre las cuales construir la estrategia más ambiciosa de la historia de la humanidad con el objetivo de lograr la denominada neutralidad climática en el año 2050.  El Pacto Verde (Green Deal) son un conjunto de políticas públicas e iniciativas normativas emitidas por los organismos gubernamentales de la UE cuyo objetivo es transformar la economía y la sociedad para hacerlas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, convirtiéndose así en el principal actor global en la lucha contra el cambio climático, la deforestación, la degradación forestal y la reducción de gases de efecto invernadero, impulsando la economía circular (reducción de desechos y utilización de productos de un solo uso), la eficiencia energética, la conservación de la biodiversidad, el incremento de uso de energías renovables, entre muchas otras medidas.

Pero, ¿cómo se puede lograr un objetivo tan ambicioso?

Una de las respuestas a esta pregunta se basa en la creación de marcos regulatorios innovadores, cuyo origen y ámbito de aplicación se centra en los veintisiete países que forman parte de la Unión Europea, pero cuya trascendencia e impacto recae también sobre todas las cadenas de suministro y actores económicos que se relacionan directa o indirectamente con la Unión Europea, motivo por el cual, se consigue un efecto claro: que todas aquellas empresas y países que mantengan relaciones comerciales con los países comunitarios deban adaptarse y respetar las obligaciones impuestas por la UE en cuanto a sostenibilidad y transición ecológica, logrando así alcanzar los objetivos del Pacto Verde a nivel global.      

En relación a lo anterior, algunas de las medidas normativas más destacadas adoptadas recientemente por la UE al amparo al Pacto Verde son:

• El Reglamento de la UE sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR);
• La Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad (CSDDD);
• La Directiva de presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (CSRD).

En primer lugar, el Reglamento sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR), aprobado en junio de 2023, cuya plena aplicación iniciará en diciembre de 2025, tiene como objetivo evitar que en la Unión Europea se introduzcan, comercialicen o exporten materias y productos que históricamente han fomentado la pérdida de masa boscosa a nivel mundial.  Las materias primas afectadas son el cacao, café, aceite de palma, soya, caucho, ganado bovino y la madera, así como aquellos productos derivados de éstas (Anexo I del reglamento).

¿Cómo afecta el EUDR a terceros países? Ninguno de estos productos podrá seguir comercializándose en el mercado comunitario, salvo que se demuestre que es un producto libre de deforestación de conformidad con los lineamientos impuestos por el propio reglamento, se haya producido acorde a la legislación vigente del país de origen, y esté amparado por una declaración de diligencia debida por parte del operador europeo que lo introduce, comercializa o exporta fuera de la UE.  El reglamento detalla todas las obligaciones que deben adoptar los operadores europeos para poder seguir vendiendo estos productos dentro del mercado comunitario.   

En segundo lugar, la Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad (CSDDD), aprobada en julio de 2024, tiene por objeto garantizar que las empresas contribuyan al desarrollo sostenible y a la transición hacia la sostenibilidad de las economías y las sociedades mediante la detección y, cuando sea necesario, priorización, prevención, mitigación, eliminación, minimización y reparación de los efectos adversos reales o potenciales para los derechos humanos y el medio ambiente relacionados con las propias operaciones de las empresas, las operaciones de sus filiales y sus socios comerciales en las cadenas de actividades de las empresas, debiendo garantizar también que los afectados por el incumplimiento de este deber tengan acceso a la justicia y a vías de recurso.

Esta directiva deberá ser adoptada internamente por cada uno de los países comunitarios hasta julio de 2027, e implica la imposición de un gran número de obligaciones para las empresas europeas en la adopción de políticas y sistemas de diligencia debida internas para cumplir con esas exigencias. 

¿Cómo afecta la CSDDD a terceros países? Algo a destacar es que, esta norma, también será de cumplimiento obligatorio para aquellas empresas de cualquier sector que no sean europeas pero que generen más de 450 millones de euros dentro del mercado comunitario.

Y, por último, la Directiva de presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (CSRD), aprobada en diciembre de 2022, pero con una aplicación progresiva en los años siguientes, plantea como objetivo mejorar la información en materia de sostenibilidad con el menor coste posible, a fin de obtener el máximo provecho del potencial del mercado único europeo para contribuir a la transición hacia un sistema económico y financiero plenamente sostenible e integrador.  Esta directiva pretende que las empresas comunitarias, periódicamente, presenten información y documentación relevante a las autoridades europeas respecto a medidas e iniciativas que adopten internamente para fomentar prácticas sostenibles con el medio ambiente, así como estrategias propias para cumplir con los objetivos del Pacto Verde en las siguientes décadas, es decir, planes estratégicos donde se detallen las acciones a tomar por cada una de las empresas para cumplir con estos objetivos. 

¿Cómo afecta la CSRD a terceros países? La particularidad de esta directiva es que también será de cumplimiento obligatorio para aquellas empresas no europeas cuyo volumen de negocios supere los 150 millones de euros anuales y que mantengan al menos una filial en territorio comunitario.

Estos son solo algunos de los nuevos marcos regulatorios que la UE está adoptando para cumplir con los objetivos del Pacto Verde, los cuales tienen un notable impacto más allá del territorio comunitario. 

La capacidad de adaptación a estas nuevas exigencias regulatorias permitirá obtener grandes ventajas competitivas para las empresas que suministran sus productos a la UE, apostando por la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial.  

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Mayo 2025